La Corte Suprema ganó la petición de Jonila Castro y Jhed Tamano, activistas ambientales secuestrados por agentes militares, por la orden de los datos de Amparo y Habeas. Lo lograron después de la continua insistencia y la divulgación de la brutalidad militar y NTF-ELCAC ya que fueron incautados el 2 de septiembre de 2023. Los dos detuvieron en secreto durante dos semanas y sometieron a tortura y amenazas a sus vivos.
Según la ley, dos activistas y sus familias no pueden acercarse a menos de un kilómetro de militar y personal de NTF-ELCAC. También pueden obtener y borrar los datos personales que posee el estado para proteger su seguridad y derechos de privacidad.
La Corte Suprema proporcionó una protección temporal, y la petición de orden de protección permanente y la orden de producción aún era culpable del Tribunal de Apelaciones.